El 7 de noviembre de 2025, los Plenos Regionales en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte publicaron la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/99 A (11a.)1, resolviendo una contradicción entre los Tribunales Colegiados Vigésimo y Vigésimo Primero del Primer Circuito2. La cuestión jurídica era acotada: ¿la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) establece un plazo para que el solicitante de un registro marcario demande la declaración administrativa de caducidad de una marca anterior que le impide su propio registro?
La respuesta del Pleno fue unánime: no. Los artículos 225 y 226 de la LFPPI3 no fijan plazo, y por tanto, la caducidad puede solicitarse en cualquier momento.
Cinco meses después, el 3 de abril de 2026, se publicó la reforma más amplia a la LFPPI desde su entrada en vigor. La reforma tocó explícitamente la suspensión del trámite marcario — incluso introdujo una nueva hipótesis de suspensión en la fracción II del artículo 228 reformado4. Pero el silencio sobre el plazo se mantuvo intacto.
Para alguien que mire los dos eventos por separado, la conclusión es predecible: el sistema ratificó que la caducidad no tiene plazo, y el legislador no quiso desmentirlo. Caso cerrado.
El problema es que esa lectura ignora el lugar donde la pregunta realmente importa.
On November 7, 2025, the Regional Plenary Tribunals in Administrative and Civil Matters of the Central-North Region published jurisprudencia (binding precedent) PR.A.C.CN. J/99 A (11a.)1, resolving a contradiction between the Twentieth and Twenty-First Collegiate Tribunals of the First Circuit2. The legal question was narrow: does the Federal Law on Industrial Property Protection (LFPPI) establish a deadline for the applicant of a trademark registration to petition for the administrative declaration of cancellation of a prior trademark that blocks its own registration?
The Plenary's answer was unanimous: no. Articles 225 and 226 of the LFPPI3 set no deadline, and therefore, caducidad (non-use cancellation action) may be requested at any time.
Five months later, on April 3, 2026, the most extensive amendments to the LFPPI since its entry into force were published. The amendments explicitly touched the suspension of trademark proceedings — even introducing a new hypothesis of suspension in subsection II of the amended Article 2284. But the silence on the deadline remained intact.
For someone who looks at the two events separately, the conclusion is predictable: the system ratified that caducidad has no deadline, and the legislator chose not to contradict it. Case closed.
The problem is that this reading ignores the place where the question actually matters.
El IMPI inventaba un plazo. Lo correcto era retirárselo. The IMPI was inventing a deadline. Removing it was the right call.
Durante años, el IMPI sostuvo que la demanda de caducidad debía promoverse dentro del plazo que la ley otorga al solicitante para responder al oficio de cita de anterioridad o de impedimento — los dos meses iniciales más los dos meses adicionales que la legislación permite. Las demandas que llegaban fuera de ese plazo se desechaban. La práctica fue tan reiterada que se convirtió, para el mercado, en regla operativa.
El criterio era débil. La LFPPI no establece, en los artículos 225 y 226 ni en ninguna otra parte del texto, un plazo de prescripción para la acción de caducidad. El plazo de cuatro meses al que el Instituto se aferraba existe, en efecto, pero con otra finalidad: es el plazo que el solicitante tiene para hacer manifestaciones sobre los requisitos, oposiciones e impedimentos que el IMPI le comunica una vez realizado el examen de su solicitud. Aplicarlo como plazo para demandar la caducidad era un préstamo dudoso, no una lectura del texto legal5.
Los Plenos hicieron lo correcto. Identificaron que el Instituto estaba inventando un requisito que la ley no contiene. Resolvieron, con lógica jurídica limpia, que la acción de caducidad puede ejercerse en cualquier momento.
Hasta aquí, la jurisprudencia hizo lo correcto. El problema empieza después.
For years, the IMPI maintained that the cancellation petition had to be filed within the deadline the law grants the applicant to respond to the office action citing prior right or impediment — the initial two months plus the two additional months legislation allows. Petitions that arrived outside that window were dismissed. The practice was so reiterated that it became, for the market, an operational rule.
The criterion was weak. The LFPPI does not establish, in Articles 225 and 226 nor anywhere else in its text, a statute of limitations for the cancellation action. The four-month deadline the Institute relied on does exist, indeed, but with another purpose: it is the deadline the applicant has to make submissions on the requirements, oppositions, and impediments the IMPI communicates after examining the application. Applying it as a deadline to file cancellation was a doubtful borrowing, not a reading of the legal text5.
The Plenary Tribunals did the right thing. They identified that the Institute was inventing a requirement the law does not contain. They resolved, with clean legal logic, that the cancellation action can be exercised at any time.
To this point, the binding precedent got it right. The problem starts after.
El plazo que la ley sí impone — pero por otra puerta. The deadline the law does impose — through another door.
Los Plenos respondieron una pregunta acotada: ¿la caducidad como acción genérica tiene plazo? Respondieron que no. Y tienen razón.
Pero esa no era la pregunta operativa. La pregunta que el sistema realmente está discutiendo en la práctica es otra: ¿la caducidad tiene plazo cuando se demanda con el propósito específico de suspender el trámite de la marca que enfrenta la anterioridad?
La respuesta a esa pregunta es sí. Sí tiene plazo. Y se deduce con lógica jurídica directa de la propia LFPPI.
El razonamiento se construye en tres pasos.
El primero es de texto legal. La LFPPI exige, como prerrequisito para suspender el trámite marcario por procedimiento contencioso, la existencia de un procedimiento ya iniciado. La ley no dice «el solicitante manifestará que iniciará un procedimiento». Dice que ya lo hizo. La demanda de caducidad debe preceder a la suspensión, no seguirla. Quien ha pedido alguna vez una suspensión por esta vía sabe que el escrito siempre afirma — porque la ley así lo exige — que el procedimiento contencioso ya está iniciado.
El segundo es de plazo procesal. La suspensión del trámite, para que sea efectiva, debe pedirse dentro del plazo de cuatro meses que el solicitante tiene para contestar el oficio de impedimento. Si los cuatro meses se vencen sin que se haya pedido, el IMPI seguirá adelante con la resolución. La marca solicitada se negará por causa de la anterioridad y la suspensión deja de tener materia. Solo se tienen cuatro meses para suspender el trámite. Esto es indiscutible.
El tercero es de pura lógica. Si la suspensión solo puede pedirse dentro de los cuatro meses, y la suspensión exige una demanda de caducidad ya presentada como prerrequisito, entonces la caducidad — para efectos de suspender el trámite — debe haberse presentado dentro de esos cuatro meses. No después. No «cuando sea». Dentro del plazo.
Esto no agrega un plazo a la ley donde no existe. Es leer la ley en su totalidad: el plazo de la suspensión condiciona, por necesidad lógica, el plazo de la caducidad cuando ésta se invoca como prerrequisito de aquella. La distinción no es un tecnicismo. Es la diferencia entre una caducidad libre — la que la jurisprudencia correctamente reconoce — y una caducidad instrumental: la que existe para sostener una suspensión que solo cabe en cuatro meses.
The Plenary Tribunals answered a narrow question: does caducidad as a generic action have a deadline? They answered no. And they are right.
But that was not the operational question. The question the system is actually discussing in practice is another: does caducidad have a deadline when it is filed with the specific purpose of suspending the trademark proceeding that faces the prior right?
The answer to that question is yes. It does have a deadline. And it follows with direct legal logic from the LFPPI itself.
The reasoning builds in three steps.
The first is one of legal text. The LFPPI requires, as a prerequisite to suspending trademark proceedings due to a contentious action, the existence of a proceeding already initiated. The law does not say "the applicant shall state that they will initiate a proceeding." It says they already did. The cancellation petition must precede the suspension, not follow it. Anyone who has ever requested a suspension through this route knows the brief always affirms — because the law so requires — that the contentious proceeding has already been initiated.
The second is one of procedural deadline. The suspension of proceedings, to be effective, must be requested within the four-month window the applicant has to respond to the impediment office action. If the four months expire without it having been requested, the IMPI will move forward with the resolution. The applied-for trademark will be denied because of the prior right and the suspension loses its object. There are only four months to suspend the proceeding. This is indisputable.
The third is one of pure logic. If suspension can only be requested within the four months, and suspension requires a cancellation petition already filed as prerequisite, then caducidad — for purposes of suspending the proceeding — must have been filed within those four months. Not after. Not "whenever." Within the window.
This does not add a deadline to the law where none exists. It is reading the law as a whole: the deadline of the suspension conditions, by logical necessity, the deadline of the cancellation when the latter is invoked as prerequisite of the former. The distinction is not a technicality. It is the difference between a generic non-use cancellation action — the one the binding precedent correctly recognizes — and a procedural non-use cancellation action: the one that exists to sustain a suspension that only fits within four months.
La marca sembrada como táctica de bloqueo. The planted trademark as a blocking tactic.
Lo que la jurisprudencia abrió en la práctica no es una discusión académica sobre plazos. Es una herramienta operativa. Algunos titulares marcarios ya la están usando como táctica de bloqueo.
El escenario es sencillo. Imaginemos a un titular cuya marca es vulnerable — no la usa, o no la usa en todas las clases para las que la registró, o no puede comprobar uso efectivo. Sabe que cualquier tercero podría iniciar una caducidad y ganarla. Lo que hace, a través de un tercero relacionado, es presentar una marca idéntica o muy similar a la suya. Llamémosla la marca sembrada.
La marca sembrada entra al IMPI. El examinador detecta la anterioridad — la marca original del titular, vulnerable a caducidad — y emite el oficio de impedimento.
Aquí entra el truco. El solicitante de la marca sembrada pide la suspensión del trámite, alegando que va a demandar la caducidad de la anterioridad (su propia marca, controlada por él). Antes del criterio actual, debía presentar esa demanda dentro del plazo de los cuatro meses. Hoy, con la lectura amplia que permite la jurisprudencia, no la presenta. El trámite queda suspendido. Indefinidamente.
¿Qué se logra con esto? Que la marca original permanezca formalmente activa — porque no enfrenta un procedimiento real de caducidad — y al mismo tiempo bloquee el espacio registral con una marca sembrada que tampoco se va a resolver. Cualquier tercero legítimo que intente registrar una marca igual o similar va a encontrarse con dos obstáculos: la anterioridad de la marca original (vulnerable, pero formalmente viva) y el trámite de la marca sembrada formalmente vivo. La estrategia bloquea el casillero por ambos lados.
What the binding precedent opened in practice is not an academic discussion about deadlines. It is an operational tool. Some trademark holders are already using it as a blocking tactic.
The scenario is simple. Imagine a holder whose trademark is vulnerable — they don't use it, or don't use it across all the classes for which they registered it, or cannot prove effective use. They know any third party could initiate cancellation and win. What they do, through a related third party, is file a trademark identical or very similar to their own. Let's call it the planted trademark.
The planted trademark enters the IMPI. The examiner detects the prior right — the holder's original trademark, vulnerable to cancellation — and issues the impediment office action.
Here comes the trick. The applicant of the planted trademark requests the suspension of the proceeding, claiming they will file cancellation against the prior right (their own trademark, controlled by them). Before the current criterion, they had to file that petition within the four-month window. Today, with the broad reading the binding precedent permits, they don't file it. The proceeding remains suspended. Indefinitely.
What does this achieve? That the original trademark remains formally active — because it does not face an actual cancellation proceeding — and at the same time blocks the registry space with a planted trademark that also won't be resolved. Any legitimate third party trying to register an identical or similar trademark will encounter two obstacles: the prior right of the original trademark (vulnerable, but formally alive) and the proceeding of the planted trademark formally alive. The strategy blocks the slot from both sides.
Esto no es una hipótesis académica. Es competencia desleal disfrazada de estrategia procesal. This is not an academic hypothesis. It is unfair competition disguised as procedural strategy.
La apertura del plazo de la caducidad la facilita. La permite. La hace, para el actor que opera de mala fe, gratis.
The opening of the cancellation deadline facilitates it. Permits it. Makes it, for the actor operating in bad faith, free of charge.
El silencio elegido del legislador. The legislator's chosen silence.
La reforma del 3 de abril de 2026 era el momento perfecto para cerrar la puerta. La iniciativa tocó la suspensión del trámite marcario explícitamente. Mantuvo las dos hipótesis previas — suspensión por procedimiento contencioso y suspensión por determinación judicial — e incorporó una nueva en la fracción II del artículo 228 reformado.
Con esa reforma sobre la mesa, dos ajustes simples habrían cerrado la grieta sin afectar el resto del sistema.
El primero: exigir que el solicitante que pide la suspensión por procedimiento contencioso de caducidad no manifieste, sino que pruebe — con copia de la carátula de la demanda o con el número de expediente del procedimiento — que la caducidad ya está en marcha. La diferencia entre manifestar y probar es la diferencia entre un sistema que confía en la palabra y uno que pide evidencia mínima. Para una herramienta tan poderosa como la suspensión, pedir evidencia no es un exceso burocrático: es higiene procesal.
El segundo: dejar establecido en el texto, sin necesidad de interpretación, que cuando la caducidad se invoca como prerrequisito de la suspensión, debe haberse presentado dentro del mismo plazo de cuatro meses. No para alterar la regla general que la jurisprudencia correctamente reconoce, sino para cerrar el supuesto específico donde la regla general genera el efecto perverso.
El legislador no hizo ninguna de las dos. Mantuvo la redacción ambigua. Mantuvo la zona gris. Esa zona gris no es académica: es donde opera la marca sembrada.
The April 3, 2026 amendments were the perfect moment to close the door. The initiative explicitly touched the suspension of trademark proceedings. It maintained the two prior hypotheses — suspension due to a contentious proceeding and suspension due to judicial determination — and incorporated a new one in subsection II of the amended Article 228.
With those amendments on the table, two simple adjustments would have closed the gap without affecting the rest of the system.
The first: requiring the applicant who requests suspension due to a contentious cancellation proceeding not to state, but to prove — with a copy of the petition's cover page or with the proceeding's docket number — that the cancellation is already in motion. The difference between stating and proving is the difference between a system that trusts the word and one that requests minimum evidence. For a tool as powerful as suspension, requesting evidence is not bureaucratic excess: it is procedural hygiene.
The second: establishing in the text, without need for interpretation, that when caducidad is invoked as a prerequisite of suspension, it must have been filed within the same four-month window. Not to alter the general rule the binding precedent correctly recognizes, but to close the specific scenario where the general rule generates the perverse effect.
The legislator did neither. They maintained the ambiguous wording. They maintained the gray zone. That gray zone is not academic: it is where the planted trademark operates.
La grieta sigue abierta. The gap remains open.
La jurisprudencia respondió la pregunta que tenía enfrente. La reforma se quedó corta.
Mientras tanto, la práctica avanza por la grieta que ambas dejaron abierta.
The binding precedent answered the question it had in front of it. The amendments fell short.
In the meantime, practice advances through the gap both left open.